En palabras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar la investigación hace ahora once meses, esto les permite inundar los mercados globales "con vehículos eléctricos chinos más baratos", a un precio que "se mantiene artificialmente bajo gracias a los enormes subsidios estatales".
Según Bruselas, las importaciones de este tipo de coches en la UE aumentaron desde el 3,9 % en 2020 hasta el 25 % que registró durante el periodo en el que llevó a cabo la investigación. El Ejecutivo comunitario cree que el nuevo arancel protegerá 2,5 millones de puestos de trabajo directos y 10,3 millones indirectos.
Antes del 31 de octubre quedarán definitivamente fijados los aranceles a los coches chinos implicados.
La revisión de aranceles
El arancel adicional máximo del 36,3 % para contrarrestar estas prácticas comerciales desleales, que se añadirá al arancel usual del 10 % a los coches eléctricos chinos, se aplicaría a la compañía china SAIC y a todas las no incluidas en las pesquisas que no han cooperado con la investigación del Ejecutivo comunitario.
A otras empresas incluidas en la investigación, BYD y Geely, se les impondrán aranceles del 17 y el 19,3 %, respectivamente. Son levemente inferiores a los propuestos en julio (17,4 y 19,9 %) tras una corrección en los cálculos durante la fase de consultas con las empresas.
Los fabricantes chinos que cooperaron en la investigación pero que no se incluyeron en ella, afrontarán un arancel adicional del 21,3 %, ligeramente superior al 20,8 % sugerido en el primer borrador de propuesta de tarifas adicionales.
ALEX PLAVEVSKIEFE
El caso de Tesla
Por su parte, Tesla solicitó a Bruselas un análisis específico de los subsidios que han recibido la compañía de Elon Musk con fábrica en Shanghai. Tras ese estudio, la Comisión Europea ha optado por imponerle un arancel adicional individualizado del 9 %.
En el borrador definitivo de la medida se plantea, no obstante, que estos aranceles no sean impuestos de manera retroactiva, sino que sólo comiencen a aplicarse una vez culmine el proceso de consultas con los Estados de la UE y las partes interesadas, con un límite previsto para el próximo 30 de octubre.
A la medida, que estaría en vigor durante un periodo de cinco años, si nada se tuerce antes del 30 de octubre, se opone -entre otros líderes europeos- el canciller alemán Olaf Scholz, mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, se ha pronunciado a favor.
