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Se acaba el tiempo. España (y su gobierno) tendrá que afrontar más pronto que tarde la subida del diésel vía incremento de impuestos. De hecho, la Comisión Europea ha concedido a nuestro país una prórroga de tres semanas para cumplir con todos los requisitos para recibir un nuevo pago de Bruselas, entre los que figura esta medida.
El tira y afloja del impuesto al diésel
La CE iba a tomar una decisión sobre España el próximo 21 de marzo, que dependía de una evaluación de los 84 compromisos que tiene que cumplir el gobierno español para recibir los 23.900 millones de euros que se van a desbloquear. Sin embargo, el ejecutivo socialista solicitó una prórroga el pasado 3 de marzo, tal y como informa EFE, que la Comisión ha aceptado.
"Confirmamos que España solicitó una prórroga que fue concedida hasta el 11 de abril", es decir, con una duración de tres semanas. En esa comunicaión se hace una mención expresa al impuesto al diésel, que "está siendo analizado junto con otros hitos y objetivos que pertenecen a la quinta solicitud de pago".
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa han confirmado a EFE que la nueva fecha de evaluación es el 11 de abril. Así, el gobierno de Pedro Sánchez tendrá algo de margen para desatascar el escollo del díesel, cuya subida impositiva sólo apoyará Podemos de entre sus socios... si se acompaña de un gravamen permanente sobre las compañías energéticas que, a su vez, fue rechazado en el Congreso por Junts y PNV.
La subida al diésel podría no aplicarse
El Gobierno calificó como "importante" el incremento de los impuestos al diésel porque supone "igualar precios" y "apostar más por la electricidad que por los combustibles fósiles". Por supuesto, también acarreará una subida "permanente" de los ingresos de, "al menos", el 0,3 % del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros al año.
Si finalmente no se desentraña esta situación, la medida podría no entrar en vigor... sin bloquear totalmente la llegada de los fondos. En ese caso la Comisión descontará una parte del montante.
De hecho... los consumidores ya no saben a qué atenerse con esta situación que ya ha pasado por diversos estadios. Inicialmente el Gobierno se mostró partidario de asumir la obligación de Bruselas, pero después sus planes se frenaron en seco cuando sus socios de gobierno no lo sacaron adelante.
La situación parece lejos de desbloquearse y se convierte en otro factor de incertidumbre ante una posible intención de compra, que viene a sumarse a la incógnita sobre el Plan Moves, que está en suspenso desde hace más de un mes... y no hay un plazo claro para retomarlo.
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